Iturria : Euskadi.eus
En el Parlamento Vasco la Sailburu de Empleo y Políticas Sociales ha condenado “cualquier tipo de agresión física o verbal al colectivo de personas sin hogar que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad”.
Las Instituciones vascas preparan un pacto de adhesión a las personas sin hogar
Artolazabal también ha defendido la necesidad de un sistema público de pensiones.
La Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha anunciado esta mañana en el Parlamento Vasco que “establecerá protocolos de colaboración entre los departamentos de servicios sociales y las entidades del Tercer Sector para la puesta en marcha de medidas de prevención de situaciones de victimización de personas sin hogar, así como la investigación y resolución de los casos que se produzcan”.
La Sailburu Artolazabal ha participado en el pleno parlamentario desarrollado en la Cámara Vasca atendiendo a distintas preguntas que le han formulado las formaciones políticas allí representadas y ha condenado rotundamente “cualquier tipo de agresión física o verbal a el colectivo de personas sin hogar que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad”.
Según ha cuantificado “los datos de 2016 muestran que casi tres de cada diez personas sin hogar habrían sufrido insultos o amenazas por parte de otras personas. El robo de dinero o pertenencias constituye el segundo delito más habitual contra las personas sin hogar (casi el 27%), seguido de los timos (20%) y las agresiones físicas (16%)”.
“Dentro de unos días todas las instituciones de Euskadi suscribiremos un documento de Adhesión a la Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar impulsada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y que ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno y la Mesa de Diálogo Civil” ha detallado Artolazabal.
Según la Consejera, “en la Estrategia dirigida a promover la sensibilización e implicación de la comunidad en la prevención de las situaciones de exclusión residencial, hemos establecido 6 iniciativas para hacer frente a ésta lacra y, en primer lugar, vamos a establecer protocolos de colaboración para la puesta en marcha de medidas de prevención de situaciones de victimización de personas sin hogar, así como la investigación y resolución de los casos que se produzcan”.
Asimismo, elaboraremos guías de sensibilización en relación a los crímenes de odio contra las personas sin hogar dirigidas a la ciudadanía en general, así como a los profesionales de los servicios sociales, sanitarios, de justicia y de seguridad” ha añadido Artolazabal.
Pensiones
En otra intervención en el Pleno, Artolazabal ha defendido firmemente la necesidad de un sistema público de pensiones que considera “fundamental en el modelo de Bienestar Social que tantos años nos ha costado construir y del que todavía nos quedan muchos aspectos que desarrollar aquí en Euskadi y en toda Europa”.
“El Gobierno Vasco no tiene competencias en materia de pensiones. Ese debate se ha de dar en el marco adecuado, partiendo de los principios de suficiencia y sostenibilidad y basado en la existencia de unas pensiones dignas en un marco de Solidaridad y Transparencia. Los planteamientos deben ser honestos y buscando el mayor consenso para garantizar la estabilidad de las medidas y acuerdos. Defendemos la actualización de las pensiones en base al IPC” ha detallado la Consejera de Empleo y Políticas Sociales.
Artolazabal ha demandado la “transferencia a Euskadi de la competencia del régimen económico de la Seguridad Social. Las políticas se gestionan mejor desde administraciones más cercanas a los problemas de la ciudadanía y Euskadi constituye un ejemplo de ello”.
Según los datos comentados por la Sailburu Artolazabal, “de las 59.206 unidades convivenciales que son beneficiarias de la RGI, 15.279 son pensionistas. Un 25,8%. A este colectivo, se destinan más de 46 millones de euros. Mensualmente se abonan 4 millones de euros a las unidades convivenciales pensionistas”.
“Debemos ser conscientes y consecuentes con lo que los datos aportados implican. Las prestaciones de nuestro sistema de garantía de ingresos son las que más directamente se centran en la población en mayor situación de riesgo: un 96,6% del gasto RGI/PCV/AES llega a ese colectivo” ha añadido la Consejera.
En su intervención Artolazabal ha destacado que “son precisamente esos límites del sistema general de protección del Estado los que dan sentido social al sistema de garantía de ingresos de Euskadi que aporta un 41,7% de los ingresos de la población que se enfrenta a situaciones de pobreza real, una aportación que es casi el doble del 23,2% que corresponde al conjunto de los ingresos procedentes del sistema estatal de protección general (pensiones, desempleo y otros)”.
Consenso
Artolazabal estima necesarias “medidas de urgencia a largo plazo, buscando el consenso en el Pacto de Toledo. Ese es el marco actual en el que hay que situar el análisis, la evaluación y el debate. En ese escenario hay que plantear soluciones para las personas pensionistas de hoy y que éstas no pierdan bienestar, poder adquisitivo y sigan contribuyendo al avance y economía del País. Asimismo, hay que plantear medidas para que se garanticen las pensiones de mañana”.
“Es necesario actualizar el Sistema a fin de consolidarlo y hacerlo viable para generaciones futuras porque así lo exigen la inversión de la pirámide demográfica, el impacto de la crisis económica y la situación de los salarios. Hay que superar la reforma laboral para posibilitar mejores empleos, con mayores aportaciones a la Seguridad Social” ha comentado la Consejera de Empleo y Políticas Sociales.
Según la Sailburu Artolazabal “debe derogarse la Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Tal y como se concibe, y sin ningún otro condicionante, esa Ley estatal aboca a una bajada drástica de las percepciones, que se haría aún más evidente a partir del año que viene con la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad”.
“La reclamación de mayor capacidad de autogobierno nos ofrecerá garantizar la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía vasca. Una vez tengamos asumida la competencia, estoy convencida que llegaremos a acuerdos para que esta sea sostenible garantizando una vida digna para las personas mayores de Euskadi. Pero mientras no se dé la transferencia, el debate de cómo garantizar un sistema público de pensiones estable, que favorezca la cohesión social y evite situaciones de exclusión, ha de darse donde corresponde”, ha señalado Beatriz Artolazabal