Data: 19/06/2018
Iturria : El Periodico

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha reclamado este martes a la Administración dar prioridad a la reinserción social y laboral de los expresos y de los internos a punto de salir en libertad, porque “destinar recursos a ello no es un gasto, sino una inversión, ya que es sinónimo de una menor reincidencia”.

Alsina se ha referido a ello en la presentación del estudio ‘El acompañamiento de las personas en la salida de la cárcel. El papel del tercer sector’, donde ha pedido también una “mejor coordinación” entre los diferentes niveles de la Administración y las entidades para garantizar el acceso igualitario de los excarcelados a sus derechos.

“Las políticas públicas no funcionarán si no cambiamos la mirada sobre las personas privadas de libertad”, ha afirmado Alsina, ya que reconstruir la vida a la salida de la cárcel es un proceso “de gran complejidad”, en parte por las “pocas posibilidades” de acceder a un trabajo debido al estigma que conlleva haber pasado por la cárcel.

Actualmente, 8.367 personas en Catalunya se encuentran en la cárcel y 15.275 siguen medidas penales alternativas, según el Departamento de Justicia.

El responsable del estudio presentado este martes, Emili Grande, ha señalado que solo un 17 % de los presos en Cataluña siguen una condena en tercer grado, una modalidad penitenciaria más abierta que facilita la reinserción y sitúa en un 20% la tasa de reincidencia, frente al 40 % en el caso de las personas que han sido excarceladas desde regímenes más cerrados.

Las entidades sociales “no destinan suficientes recursos” a las personas que salen de primer o segundo grado -más restrictivos que el tercero-, según el estudio, aunque sí a las personas que salen en situación de permiso, tercer grado o libertad condicional.

25 casos analizados
El estudio ha analizado un total de 25 casos de personas privadas de libertad, 12 de la prisión de Ponent (Lleida) y 13 de Brians II (Barcelona), de las que 22 son hombres y 3 mujeres, y ha seguido su proceso de transición hacia la vida en libertad con un acompañamiento.

Una de las conclusiones del informe es que falta un protocolo que unifique los mecanismos de apoyo de los servicios penitenciarios y los de servicios sociales municipales, para “facilitar la transición hacia la comunidad”, sobre todo en el caso de personas sin red familiar.

Grande ha hecho hincapié en que el resultado de la transición, en el caso de las 25 personas en que se ha basado el estudio, ha dependido en buena medida de su arraigo social, uno de los seis factores analizados en el informe.

Este elemento tenía en cuenta la mayor o menor existencia de un grupo familiar o social al que la persona pudiera volver, así como el trabajo, la vivienda, el sustento económico, la salud y la documentación.

Personas extranjeras
Precisamente en relación a este último, Emili Grande ha explicado que las personas extranjeras “lo tienen especialmente difícil” en el proceso de reinserción, en especial los que han estado un tiempo largo en prisión, por la dificultad de renovar u obtener los papeles, lo que puede derivar en su expulsión del país.

El informe también señala la importancia de empezar los programas de acompañamiento antes de la salida del centro para garantizar “una continuidad en la atención”, porque sino es difícil que la persona se adhiera a ellos.

Grande ha destacado que aun así, la persona que sale de la prisión “no tiene un deseo especial de ser tutelada, porque quiere sentirse libre, y la oferta de acompañamiento, a veces, se percibe como un control”.

Otras propuestas del informe son el avance de los trámites relativos a la documentación y la solicitud de prestaciones económicas previamente a la salida de la cárcel y mejorar el acceso a la vivienda, ya que actualmente los recursos son temporales y en muchos casos improrrogables.