Fecha: 03/05/2018
Fuente: Diario Vasco

La red de acogida de menores en Gipuzkoa se ha quedado pequeña y en algunos aspectos, con necesidad de actualizarse. La detección y la atención de estos chicos y chicas en situación de desprotección es una de las fortalezas de los servicios sociales, pero el modelo en vigor pedía una reforma para atender nuevas realidades sociales y ampliar plazas en los recursos más saturados. El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación lleva meses trabajando en cómo readecuar los centros y acaba de cerrar los cambios.

En total se abrirán 42 nuevas plazas tanto para acoger a los menores tutelados que son separados de sus familias, un extremo al que los servicios sociales recurren cuando no hay otra alternativa para garantizar el bienestar del menor, como para intervenir con aquellos que presentan problemas de desprotección o de convivencia familiar y evitar su salida del hogar. En concreto, se inaugurará un centro de día con 18 plazas; dos centros de 8 plazas (uno para niños de entre 3 y 12 años, y otro para adolescentes); otras 8 plazas en el centro UBA para la acogida de urgencia, donde recalan los menores extranjeros no acompañados; y 12 plazas en los pisos para los menores tutelados que transitan hacia su vida adulta, dentro del programa GazteOn Sarelan.

Se trata de la mayor ampliación emprendida en los últimos años. En 2012 se realizó otro ajuste de calado, pero entonces fue a la baja, porque la ocupación en los centros no era excesivamente alta, señala la diputada Maite Peña.

La red de acogida atendió en 2017 a 1.212 menores en situación grave de desprotección, lo que significa un aumento del 10% respecto al anterior ejercicio y del 30% respecto a 2015. Gipuzkoa se encuentra, de hecho, entre las comunidades con mayor detección de situación de desprotección infantil.

El repunte de llegadas de menores extranjeros no acompañados está detrás de buena parte del crecimiento de notificaciones de problemas graves de desprotección infantil. Porque si se mira solo a los menores que sí tienen un familiar de referencia en Gipuzkoa, las intervenciones se han estabilizado en torno a las 350 anuales, tras varios años de subidas, reflejan desde el servicio de protección a la infancia y adolescencia de la Diputación, que dirige Patxi Agiriano. Son menores que han podido ser víctimas de abusos, que han sufrido maltrato o cuyos padres carecen de las habilidades suficientes para proporcionarles la atención adecuada (padres con problemas de drogas, por ejemplo).

También se trabaja en los centros con menores infractores, un problema que ha descendido en el último año, con un 16% menos de expedientes remitidos desde la Fiscalía a los servicios sociales forales. Para atender a ese amplio abanico de necesidades, la red se ha adaptado con nuevos centros, se han reajustado otros y también se ha cerrado algún programa por entender que se requería otra solución para tener más éxito en la recuperación de estos chavales.

Los nuevos recursos
Centro de día
Para menores con problemas de conducta o en situación de desprotección por sus familias. 18 plazas
Centros residenciales
Dos centros nuevos, con 8 plazas cada uno, que se destinarán al programa básico para nños y niñas de entre 2 y 12 años, y para adolescentes de entre 13 y 17 años
Pisos de emancipación
12 plazas nuevas en pisos dentro del programa de tránsito a la vida adulta GazteOn SareLan
Centro de acogida de urgencia
8 plazas nuevas en el centro UBA, donde recalan los menores extranjeros no acompañados, cuya llegada se ha triplicado desde 2015, con 561 chicos acogidos el año pasado
Un recurso inédito
El servicio más novedoso que abrirá sus puertas en las próximas semanas es un centro de día, un recurso inédito en Gipuzkoa, para intervenir con menores en desamparo o con problemas de conducta pero sin tener que separarlos de sus padres. Al igual que hizo Álava en 2015, la administración foral ha buscado una alternativa que permite casar las dificultades del acogimiento residencial por la alta ocupación de la red con una intervención educativa más eficaz.

El nuevo centro planteará una intervención de seis meses con el menor. Tras ese periodo, se revisará la situación y, si corresponde, se podrá derivar a otro recurso de mayor intensidad -incluido el ingreso en un centro de acogida-. Sin necesidad de dormir fuera de su hogar, se trabajará con los niños y los adolescentes que, por diferentes motivos, se encuentran en situación de desprotección social, bien por su comportamiento o por la desatención de sus padres. «El programa ofrecerá un elenco de actividades grupales que articula el día a día, una atención tutorial individualizada al menos una vez a la semana, un acompañamiento al exterior de carácter formativo y de orientación hacia un trabajo, así como un espacio de intervención con las familias», explica la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña.

El objetivo, como en el resto de recursos, es que el menor pueda recuperarse, asegurar su bienestar, y que las familias aprendan también a ejercer los cuidados de la forma debida, pero sin una medida tan drástica como la separación del hogar. Siete profesionales (un responsable, cinco terapeutas y un técnico de integración social) se encargarán de esa labor, que incluirá también salidas de tiempo libre y un grupo terapéutico de padres y madres.

Regresar con la familia
Los servicios sociales siempre trabajan con el objetivo de que los menores puedan regresar con sus familias, aunque no en todos los casos es posible ni recomendable, apuntan desde el área de atención a la infancia y adolescencia. Los criterios y el procedimiento cuando no queda otro remedio que retirar a los padres la tutela de su hijo o hija se ajustan al marco legal, subrayan desde la Diputación. «Son criterios claros y en los procedimientos se incorpora el derecho a ser escuchado tanto por parte de los progenitores como por parte de las personas menores de edad. Son criterios profesionales, contrastados por diferentes filtros», especifican.

La reunificación familiar se logra cuando las causas que han originado la medida de protección han revertido. Para que esto pueda ocurrir, los servicios sociales dan una importancia especial a los recursos en los que se trabaja la capacitación de las familias. «Se trata de identificar las capacidades de los progenitores, así como su motivación al cambio y su comprensión de las necesidades de sus hijos e hijas, para trabajar con ellos reforzando factores protectores y minimizando las causas de desprotección», añaden desde los servicios sociales forales. El año pasado, 34 menores pudieron regresar a sus hogares.