La Plataforma de Infancia está profundamente preocupada por la constante y creciente persecución y criminalización que sufren los niños y niñas extranjeros no acompañados en España, intensificadas deliberadamente durante la campaña electoral con discursos que incitan al odio. Es inadmisible criminalizar a cualquier colectivo de personas, pero lo es especialmente cuando hablamos de un grupo extremadamente vulnerable, como son estos niños y niñas, que se encuentran solos en nuestro país sin referentes familiares.
Incitar al odio y criminalizarles vulnera la legalidad, no estamos ante un tema ideológico, sujeto a debate. No protegerlos supone incumplir nuestro ordenamiento jurídico, ya que la ley es clara: hay que proteger, acoger y facilitar la integración de estos niños y niñas. Las organizaciones de infancia trabajamos para defender los derechos, bienestar y dignidad de estos niños, niñas y adolescentes. Pedimos responsabilidad a toda la sociedad, y en especial a los actores políticos, para acabar con esta persecución y criminalización.
Ante la gravedad de algunos hechos recientes, el pasado 7 de noviembre, la Plataforma de Infancia junto con otras organizaciones de infancia se puso en contacto con Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo para informar de las actuaciones vividas en las anteriores semanas especialmente durante la campaña electoral. Se ha solicitado a la Fiscalía que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en el Código Penal, en los artículos 170.1 y 173.1, referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y menoscabo de la integridad moral, en relación con las agravantes previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 22, así como en los artículos 510 y 510 bis, referidos a los delitos de incitación al odio.
Son fruto de especial preocupación las manifestaciones como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Catalunya, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid, en los que se han proferido insultos y se ha animado a los vecinos y vecinas de estos barrios a actuar contra los niños y niñas extranjeros, así como determinados actos políticos, provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana.
Es importante recalcar que “niño migrante no acompañado” no es sinónimo de delincuente ni de problema de orden público, ni de “violador” como se ha llegado a decir. Una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España.
Igualmente, la realización de actos de contenido político; en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone “una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas, contraria al art. 16 de la Convención. Según este artículo, ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Igualmente, las organizaciones de infancia y el Consejo de la Abogacía, recuerdan que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores, y prevé expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal para impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación.
Nuestro país tiene además que asumir las deficiencias en la atención y cuidado de estos niños y niñas. En 6 dictámenes individuales y en sus Observaciones finales el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha instado a España a asegurar la protección jurídica de estos niños y adolescentes, y velar por que se aplique el principio de no devolución y se tenga en cuenta su interés superior. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, protege a todos los chicos y chicas que tengan menos de 18 años, independientemente de su nacionalidad, origen étnico y social, religión, opiniones políticas, discapacidad o cualquier otra circunstancia y condición.
Desde la Plataforma de Infancia estamos trabajando de la mano de las administraciones públicas para mejorar la situación de la infancia en nuestro país, pero también estamos inmersos en hacer aportaciones al modelo de atención que tienen estos niños, así como las actuaciones en frontera para esta infancia vulnerable. Pero ante la desinformación, el discurso del odio y la criminalización consideramos necesario aunar más si cabe todos nuestros esfuerzos en sensibilizar sobre esta cuestión a las administraciones y la sociedad en su conjunto. Por esa razón se ha decidió establecer un Grupo de Trabajo específico sobre la materia en el seno de la organización. Este Grupo de Trabajo se abrirá a las 67 organizaciones de infancia que componen la Plataforma de Infancia, así como a otras organizaciones que estuvieran interesadas en colaborar. El Grupo de Trabajo tendrá como objetivo no solo realizar propuestas para las mejoras de las políticas públicas que afectan a estos niños y niñas, sino también sensibilizar a la opinión pública sobre la realidad de estos niños y coordinar las medidas necesarias para perseguir a aquellos agentes que puedan cometer delitos de odio u otro tipo de actuaciones contrarias a los derechos de estos niños y niñas
La Plataforma de Infancia siempre defenderá los derechos de todos los niños y niñas, especialmente de aquellos que menos posibilidades tienen para ser defendidos.