Fuente: Ecodiario
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), como representante de la sociedad civil, participa en el Foro de Gobierno Abierto, cuya constitución se publicó este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La orden del BOE prevé, en el artículo 3.4.e, que entre los representantes de la sociedad civil haya seis vocales de las entidades del Tercer Sector a propuesta de la PTS.
Este nuevo espacio se presentó como un cauce a través del cual se formaliza el diálogo con la Administración pública en materias como la transparencia y la rendición de cuentas, la participación en el diseño y ejecución de políticas públicas, o la sensibilización hacia un modelo de colaboración en sentido amplio, que debe “obligatoriamente” contar con la ciudadanía en la toma de decisiones, según explicó el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.
En este sentido, Poyato explicó que se está trabajando conjuntamente con la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la posibilidad de realizar determinadas actuaciones que divulguen, dentro del Tercer Sector, el contenido del III Plan de Acción de Gobierno Abierto, del que la PTS forma parte desde junio de 2017. Además, ha subrayado la necesidad de que el Tercer Sector participe activamente, en colaboración con las administraciones públicas, comunidades autónomas o la Federación de Municipios y Provincias (Femps).
“Sólo de este manera y trabajando cauces estables de diálogo se podrá conseguir que la ciudadanía y, en particular, las personas en situación de vulnerabilidad colaboren en la creación y mejora de los servicios y políticas públicas, además de garantizar la rigurosidad y robustez de la transparencia y la rendición de cuentas”, aseguró el presidente de la PTS.
III PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO
El III Plan de Acción de Gobierno Abierto (2017-2019) tiene como objetivo fomentar y propiciar el diálogo y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Es decir, que los gobiernos logren involucrar a la ciudadanía en los debates públicos y contribuyan a la planificación, diseño y ejecución de proyectos normativos o planes acción. Por otro lado, se pretende una necesaria cooperación inter-administrativa (Estado, comunidades autónomas y gobiernos locales).