Data: 26/06/2018
Iturria : Alimarket

La Federación Lares, que agrupa a 17 asociaciones autonómicas con 1.050 centros y servicios para dependientes en toda España, ha emitido un comunicado en el que aboga por un cambio de convenio colectivo para el sector de la Dependencia en 2019, “aprovechando que España saldrá del proceso de control por el exceso de déficit público” . Para Lares “sería incomprensible que la Administración del Estado y de las CCAA no aprovecharan esta circunstancia para promover la recuperación de salarios y la asignación de unos mínimos en el sistema de dependencia, haciendo reconocimiento público al trabajo desarrollado por el conjunto de profesionales”.

Lares espera además que los agentes sociales “trabajen por los profesionales y no por su representatividad o interés personal. Sería injustificable perder la oportunidad del 2019 para mejorar la financiación de las plazas públicas y, con ello, permitir mejores salarios.”

En este sentido, el presidente de Lares, Juan Vela,incide en que “no hay excusa para que, al margen del Convenio, no hayan subido sus salarios quienes desde el sector empresarial han podido hacerlo. Cuando una empresa dice que maneja un margen de beneficio del 15% a la hora de atender a las personas y no mejora los salarios, se enriquece injustificadamente a costa del trabajo de los demás”.

Asimismo, ha destacado que “desde las entidades de economía social se han mantenido las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, las empresas, en ocasiones las han reducido a través de cláusulas de descuelgue del vigente convenio colectivo”. Por otro lado, ha añadido, “es necesario que el Gobierno potencie la figura del autónomo y el papel de la Economía Social y el Tercer Sector en la atención a las personas en situación de dependencia. Es imposible esperar que el sector lucrativo garantice o cree empleo allí donde el beneficio sea inseguro o insuficiente”. Asimismo, Juan Vela ha reiterado la necesidad de abordar de manera decidida otras cuestiones como la conciliación de competencias y derechos con un modelo de atención centrada en el que la persona vulnerable sea lo primero.